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El 28 de septiembre conmemoramos el día internacional por el derecho al aborto seguro, libre y gratuito que se celebra desde 1990 en América Latina y desde 2011 en todo el mundo. La interrupción voluntaria del embarazo es una parte indiscutible del derecho a la atención médica. El 25% de todos los embarazos en el mundo terminan en un aborto inducido. Cada año tienen lugar 22 millones de abortos inseguros, la gran mayoría en los países más empobrecidos. Casi todas las complicaciones y muertes por esta causa podrían prevenirse si el aborto fuera seguro, legal y estuviese disponible en los servicios de salud pública, lo que puede realizarse a un coste muy bajo, si hay voluntad política de hacerlo.
En nuestro país existen aún muchas restricciones al derecho a la IVE (interrupción vountaria del embarazo): leyes paternalistas que limitan la capacidad de decidir de las mujeres por su edad o por el tiempo de embarazo, exclusiones del sistema de salud para las mujeres que más lo necesitan (migrantes sin recursos), sentencias que respaldan las objeciones de conciencia de profesionales pagados con dinero público, la educación religiosa financiada asimismo con dinero público, que adoctrina en contra del derecho a decidir de las mujeres…
Por todo ello hoy exigimos:
• Aborto garantizado en el Sistema Público de Salud. La IVE es atención sanitaria y debería realizarse en todos los casos en la red de centros públicos del sistema sanitario español. Exigimos el fin de la privatización, de los conciertos con las clínicas privadas y del traspaso permanente de dinero público a la empresa privada que provocan, degradando aún más la muy dañada sanidad pública.
• Seguridad y amparo del derecho a la intimidad de todas las mujeres que se sometan a una interrupción voluntaria del embarazo. Las administraciones tienen la obligación de garantizar la seguridad y el derecho a la intimidad de todas las mujeres que se sometan a una IVE, al igual que en cualquier otra intervención médica. Exigimos se garantice la prevención de situaciones de acoso y hostigamiento hacia las mujeres, acompañantes, o el personal sanitario en los espacios donde se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo, sean centros públicos o privados. Asimismo, exigimos que se garantice la confidencialidad entre el personal médico y la mujer embarazada que decide abortar, sin que el acuerdo entre PP, C´s y Vox en Andalucía pueda suponer en ningún caso un retroceso en los derechos reconocidos, ni un perjuicio para la libertad, integridad y privacidad de las mujeres embarazadas tan frívolamente calificadas en el pacto como con “dificultades económicas o de otra índole”, para lo cual pedimos la no aplicación de la medida 10 del Acuerdo firmado entre los partidos PP, C’S y VOX para la aprobación de los presupuestos 2019-2020 en Andalucía, puesto que podría suponer la ruptura de dicha confidencialidad y una nueva intromisión en la vida privada de las mujeres embarazadas.
• Aborto garantizado en todo el estado español para todas las mujeres. Además de la falta de recursos públicos, la objeción de conciencia hace impracticable el aborto en muchos municipios, provincias e incluso comunidades autónomas enteras. Las administraciones deben contratar profesionales no objetores de conciencia suficientes para garantizar la realización de la IVE en centros públicos en todos los territorios del Estado.
• No al consentimiento por representación para las jóvenes de 16 a 18 años. Derogación de la Ley 11/2015, de 21 de septiembre, poruqe si las mujeres tienen edad para trabajar, la tienen para decidir si quieren ser madres o no.
• Fuera el aborto voluntario del Código Penal. La interrupción voluntaria del embarazo no es un crimen. Ni castigo para el personal sanitario ni multas para las mujeres. Urge la modificación de las leyes y del Código penal: Es hora de respetar sin condiciones la voluntad de las mujeres. Basta ya de reflexiones e informes previos que dificultan e impiden muchas veces que la mujer pueda llevar a cabo su firme decisión de abortar.
• Aborto libre. La vigente Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo permite esta hasta las 14 semanas y excluye situaciones que superen este límite, que en muchos casos se sobrepasa por las trabas en el acceso al aborto en la sanidad pública. El límite claro al aborto no debe ser otro que el peligro de la intervención quirúrgica para la salud de la mujer. No al límite de 14 semanas.
• Educación y anticonceptivos para no abortar. No defendemos el aborto como método anticonceptivo. Exigimos educación afectivo-sexual en todos los centros educativos para el conjunto del alumnado y el acceso libre a los anticonceptivos. Denunciamos la financiación a centros educativos cuyo ideario es contrario a los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestra sexualidad y maternidad.
Aunque haya quienes quieran mirar para otro lado, lo cierto es que el aborto es una parte innegable de la vida y la salud sexual y reproductiva de las mujeres y es esencial para nuestro derecho a la autonomía, la integridad y la libertad y, por supuesto, para la igualdad de género. El derecho humano a la vida y a la salud solo se puede lograr para las mujeres y las niñas si tenemos acceso a un aborto seguro.
• Solidaridad con las todas las mujeres. Exigimos el derecho al aborto para todas las mujeres del mundo y nos solidarizamos con todas aquellas que siguen reivindicándolo en diferentes países.
POR EL DERECHO AL ABORTO LIBRE, SEGURO Y GRATUITO DENTRO DE LA SANIDAD PÚBLICA
EDUCACIÓN SEXUAL Y ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR
ABORTO SEGURO PARA NO MORIR
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