El día 9 de Enero, el dueño de la empresa Agrícola Espino SLU era detenido por un delito de fraude fiscal a Hacienda de 614.440 euros, lo cual represento una victoria porque cumplía con una de las reivindicaciones del movimiento de jornalerxs. Este hecho ha supuesto un varapalo para la propia administración que hasta el momento lo había exonerado de toda responsabilidad, cargando exclusivamente contra lxs jornalerxs. Sin embargo, tal y como denuncio el sindicato COBAS, la Guardia civil intentó “mezclar a víctimas con verdugos”, poniendo un signo igual entre ambos.
En su informe no tuvieron en consideración las reivindicaciones de la plataforma, las declaraciones institucionales de los ayuntamientos y de la Diputación de Sevilla. Se da por hecho la culpabilidad de las jornaleras y su connivencia con el empresario, cuando lo cierto es que varios Juzgados de los Social han señalado que “las conclusiones alcanzadas por Inspección de Trabajo no tiene su base en datos ciertos e inequívocos de los que pueda deducirse la existencia de una actuación fraudulenta encaminada a la obtención de unas prestaciones en la Seguridad Social”.
Además de ignorar su presunción de inocencia, se informa de que “se está investigando a dichas jornaleras”, pero se oculta el hecho de que se les han retirado las prestaciones y obligado a devolver con creces la cantidad cobrada, además de enfrentarse a un proceso penal que podría suponerles penas de entre 3 meses y tres años de cárcel y la prohibición de recibir prestaciones durante entre cinco y ocho años.
¡Ni criminales ni amas de casa, son trabajadoras!
Pero peor aún es el “machismo institucional” que se oculta tras el informe de la guardia civil. Un machismo del que por desgracia tantas veces se hace cómplice la prensa. La única prueba “evidente”, por la que la Benemérita constata que estas mujeres habrían comprado al detenido las peonadas necesarias, ¡es que el 90% eran amas de casa!
El término “ama de casa” tiene una connotación social negativa que alude al hecho de que son mujeres “que no trabajan”, aunque lo cierto es que las tareas domésticas y de cuidados ya sean estas realizadas a tiempo parcial o completo, son un trabajo socialmente necesario e imprescindible para la producción de la riqueza social que la clase trabajadora llevamos a cabo en este sistema capitalista.
Según un estudio del INE, actualizado a Julio de 2016, independientemente de su situación laboral, el 91,9% de las mujeres (de 10 y más años) realizan tareas domésticas y se ocupan del cuidado de niños, ancianos y personas dependientes durante 4 horas y 29 minutos diarios, frente al 74,7% de los hombres que dedican en promedio 2 horas y 32 minutos.
Las “tareas del hogar” son un trabajo no retribuido que por el machismo social imperante, (sobre todo en el medio rural) siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres de la clase trabajadora. Una forma de opresión machista que se suma a otras muchas que sufrimos y que a la burguesía y los gobiernos a su servicio les interesa perpetuar por una sencilla razón: Para poder explotarnos mejor y aumentar su tasa de ganancias con el dinero que se ahorran por este trabajo gratis que llevamos a cabo para la sociedad.
Las jornaleras de Agrícola Espino y Baena franco son trabajadoras que como la mayoría de nosotras, trabajan tanto dentro como fuera de su casa, a veces de forma simultánea, (llevando a cabo una doble y triple jornada laboral) y otras veces no. ¿Acaso alguien piensa que con los salarios cada vez más recortados (porque se incumplen los convenios), con la cada vez mayor temporalidad laboral que sufren (por el desmantelamiento del campo andaluz) o con las miserables ayudas que reciben cuando consiguen reunir las 35 peonadas (426 euros), pueden pagar a alguien (casi siempre otra mujer) para que lleve a cabo estas tareas? Su vida laboral atestigua que son jornaleras que llevan desde los 16 años trabajando y ahora intentan quitarles todos sus derechos laborales.
Atacar y dividir al movimiento jornalero para justificar los recortes y hacernos pagar su crisis.
La afirmación de la guardia civil responde a un intento de criminalizar a estos 585 jornalerxs, empezando por atacar a su sector más oprimido y explotado: Las mujeres. La discriminación laboral que sufren como consecuencia de la falta de empleo en el campo andaluz, hace que cada vez tengan más dificultades para ser contratadas. Se prioriza el trabajo a los hombres aunque los jornales de las mujeres son imprescindibles para que sus familias tengan una vida digna y muchas además son cabeza de familia. Todo esto hace que se convierta en una verdadera odisea para ellas reunir las 35 peonadas.
El informe presentado por la Benemérita, forma parte de una política consciente para dividir al movimiento jornalero, inculcando la idea de que una parte de l@s andaluces/as están cobrando las ayudas de forma “irregular” y que por tanto no las “merecen”.Con ello quieren justificar el recorte de las cuantías destinadas a pagar la renta agrícola o el antiguo subsidio, lo cual ya está ocurriendo y preparar el terreno para endurecer aún más las condiciones de acceso a estas.
Desde Corriente Roja, hacemos un llamado a seguir rodeando de apoyo y solidaridad esta lucha y exigimos a Susana Díaz y al gobierno andaluz que deje de mirar para otro lado y tome medidas ante los ataques y acusaciones infundadas que están sufriendo estas jornaleras y la amenaza de cárcel que se cierne sobre ellas.
Basta de criminalizar a las jornaleras de Agrícolo Espino y Baena Franco. Basta de machismo!!!
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