Organizaciones sociales y políticas afianzan sus posiciones ante el duro debate parlamentario que se prevé para esta legislatura sobre si España debe o no legalizar la maternidad subrogada, los «vientres de alquiler».
Ciudadanos, es el único partido nacional que tiene una posición oficial al respecto, ya ha dejado claro que lo antes posible quiere presentar en el Congreso una proposición de ley que permita a los ciudadanos tener un hijo gestado y alumbrado por una mujer ajena a la relación familiar siempre que el proceso se produzca de forma «altruista», que no haya pago comercial por el servicio.
Mientras, PP, PSOE o Podemos aún discuten qué postura tomar, pues tienen corrientes internas tanto a favor, como en contra.
Así nació ayer, 17 de abril, la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, compuesta por medio centenar de organizaciones de mujeres y de asociaciones del coletivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales (LGTBI) que tiene como principal objetivo presionar a los partidos para que descarten la posibilidad de legalizar cualquier fórmula de maternidad subrogada en España.
En esta plataforma se integran organizaciones como el Partido Feminista, No Somos Vasijas o la entidad LGTBI Somos Diferentes. Tenemos que sumarnos desde las diferentes partes de la sociedad, desde los movimientos sociales, para hacer de contrapeso social a las organizaciones defensoras de la gestación subrogada, que son un lobby con gran influencia en los medios de comunicación y en las redes sociales.
El objetivo de la Red, multiplicar los apoyos en lo que queda de abril para en la primera semana de mayo convocar el primer acto reivindicativo.
“Las administraciones públicas -Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad– deberían prohibir la posibilidad de que la feria se realice con la ley en la mano”, ha afirmado la presidenta de No Somos Vasijas, Alicia Miyares. Ha insistido además, en que es una “práctica ilegal” y “no una técnica de reproducción asistida más, no es comparable con la donación de óvulos”, como afirman los defensores de la subrogación: “La comparación ofende”. “Aquí no se dona nada, una criatura no se dona. Hay límites éticos y jurídicos”.
En representación del movimiento LGTBI, el vicepresidente de Somos Diferentes, Ramón Martínez, ha afirmado que este colectivo se suma a la red y ha criticado que se haya asociado el alquiler de vientres con las parejas de homosexuales varones. Ramón Martínez ha defendido la acogida y la adopción de niños para ejercer la crianza: “La solución no es pasar por encima de los derechos de las mujeres”.
Por su parte la presidenta del Partido Feminista, Elena Rábada, ha afirmado que la gestación subrogada “está muy cerca de las redes de trata de seres humanos” y ha subrayado que existe jurisprudencia en contra de este sistema y dos directivas europeas en el mismo sentido. “¿Por qué no es ético el tráfico de órganos y si el alquiler de vientres? ¿Es libre sobre su propio cuerpo una mujer que pasa necesidades?”.
Primera protesta
Protestar frente al hotel madrileño que acogerá entre el 6 y 7 de mayo Surrofair Madrid 2017, una feria que tiene como finalidad poner en contacto a todos los españoles interesados en utilizar la maternidad subragada en el extranjero con las agencias, clínicas internacionales y asesores nacionales especializadas en hacerlo posible.
Se van a movilizar para que las administraciones públicas madrileñas prohíban este evento comercial por considerar que «choca contra la legalidad vigente». No podemos olvidar que la maternidad subrogada está prohibida en España. La ley de Reproducción Asistida de 2006 declara nulo de pleno derecho cualquier contrato o acuerdo con un vientre de alquier, exista o no contraprestación por este servicio.
Sin embargo, en 2010 se abrió una especie de puerta trasera que ha permitido a cientos de españoles legalizar en España la filiación de los hijos nacidos por gestación subragada en otros países. Se trata de una instrucción de la Dirección General de Registros y Notariado que permite la inscripción de estos niños en el Registro Civil como hijos siempre que uno de los padres sea español, que el alumbramiento se haya producido en un país en el que este procedimiento este admitido por la ley y que exista una resolución judicial que tutele todo el proceso.
Desde FELMA os invitamos a sumaros a este movimiento que pretende convertir una vez más el cuerpo de la mujer en un objeto con el que comerciar.
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