Sobre la campaña y el artículo de Elisa Beni «Juana no está en mi casa»(eldiario.es 09-08-2017)

Desde que empecé a leer el artículo de Beni me pregunté: ¿Y si en vez de Juana fuera Ángela? ¿Y si Ángela González Carreño hubiese estado en casa de esta jurista antes de que su exmarido asesinara a su hija de 7 años en una visita no vigilada que había sido perfectamente regulada por la justicia? ¿Cuál habría sido su consejo?

Ángela lo tiene claro hoy, después de que la ONU condenara al sistema judicial español por su papel negligente en esta historia: ella huiría con su hija. Y eso a pesar de que la justicia actuó, como siempre, con toda equidad, como en el caso de Juana. «No dudo en absoluto de los magistrados que han visto el asunto, porque no hay motivo alguno para hacerlo, ¿qué ganarían o perderían con prevaricar en este caso?», dice Beni. ¿Qué iban a ganar o perder los magistrados en el caso de Ángela? Nada: su actuación fue impecable. Y errónea, injusta y letal.

Mi intención no es asimilar la situación de aquella niña con la de los hijos de Juana, no todos los padres condenados por maltratar a su mujer matan o agreden a sus hijxs, claro que no, ni es justo hacer de un caso particular una norma, aunque eso sea lo que también hace Elisa Beni: toma el caso de Juana, en la situación actual, para, criticando su decisión última, a quienes la han aconsejado y el apoyo recibido, concluir que «así funciona la realidad y así debe funcionar»; lo que yo comparo en estos dos casos es la acción judicial exclusivamente, sus causas y sus efectos.

Declara la autora del artículo que

«Todos hemos convenido, desde el momento en que somos ciudadanos de un Estado de Derecho, en que cuando se producen conflictos, del género que sea, en nuestra convivencia y no podamos resolverlos mediante el acuerdo, serán los jueces los encargados de dirimir las diferencias. Además en casi cada acto de nuestra vida estamos aceptando qué jueces serán competentes para ello».

Sin embargo, no todxs hemos sido partícipes de ese convenio y muchxs declaramos aceptar esta justicia porque no nos queda otra, no porque creamos que es defensora de los más débiles. Algunas personas pedimos juzgados especializados de verdad en violencia machista para todos los casos, pedimos leyes justas. Como Elisa Beni sabe, muchxs han practicado y practican la insumisión individual (no puede ser de otro modo, aunque las consecuencias sean colectivas): detienen desahucios ordenados por un juez, acogen migrantes en sus casas…, intentan cambiar las cosas. La insumisión de muchos jóvenes acabó con el anacrónico y totalitario servicio militar obligatorio, en contra de las decisiones judiciales. Porque aquí, y en todas partes, la justicia ha servido siempre a quienes le mandan y estos no son precisamente los que más la necesitan. El sistema judicial está diseñado para la protección y el mantenimiento del actual estado, no para mejorar las cosas, no para impartir Justicia.

Y dicho esto, no aconsejaré a Juana que se enfrente a la justicia, porque efectivamente (¿cómo no estar de acuerdo en esto con Beni?) es muchísimo lo que tiene que perder y yo no voy a perderlo por ella, como no aconsejaré a ninguna mujer que se suba a una patera con su hija, ni a ningún subsahariano que salte la verja o se acerque nadando a nuestras costas: la «justicia» puede quitarle lo poco que le queda; no haré eso, pero la apoyaré ahora y cuantas veces haga falta, a ella y a todas las personas excluidas, oprimidas, víctimas de leyes y juzgados injustos, que lo necesiten, aunque decidan contra sus propios intereses, con todas las campañas y acciones justas de las que tenga noticia, hasta que llegue el día en que de verdad haya justicia y la ley deje de «vivir arriba y de escupir hacia abajo».

3 comentarios

  1. Como siempre un excelente artículo Reme.
    Desde FELMA deberíamos mandarlo a FemiNiws para que mas gente lo lea, ya que a mi me perece muy bueno.

  2. «detienen desahucios ordenados por un juez, acogen migrantes en sus casas…, intentan cambiar las cosas»

    por las mismas, se puede desahuciar a unos ocupas via patrulla vecinal o hacer una redada de ilegales para entregarlos en el CIE.

    los niños a Italia, y allí que denuncie lo que sea. o nos hacemos insumisos a los Convenios Internacionales también?

    • “Por las mismas”, no: si una patrulla vecinal desahucia a unos ocupas o apresa a unos inmigrantes, no está practicando la insumisión sino la intrusión en el papel del estado y las fuerzas del orden, está usurpando el papel del juez y de la policía, no desobedeciéndolo, está apoyando el orden establecido por el sistema, no intentando cambiarlo a favor de los débiles. Si para usted son equiparables ambos comportamientos, con los muchos y variados ejemplos que tenemos a lo largo de la historia de lo que han supuesto uno y otro para la humanidad, y no es capaz de apreciar la “sutil” diferencia, de poco tenemos que hablar, porque poco es lo que tenemos en común.
      Respecto a los tratados internacionales a los que, según deduce de mi texto, deberíamos hacernos insumisos, yo no le digo a nadie a qué debe resistirse o rebelarse, lo que sí puedo decirle es que los TT II no son leyes naturales, ni acuerdos entre iguales. En la mayoría de los casos son “más de lo mismo”: pactos entre poderosos para mantener a la gente lejos de la toma de decisiones. Es lo que son el TTIP y el CETA. Y no digo que todos sean inútiles para la gente común, no. En este caso, por ejemplo, supongo que usted se estará refiriendo al Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980, sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el cual, por cierto, establece como causa de excepción a la restitución, la existencia de un grave riesgo de que el menor sea expuesto a un peligro físico o psíquico al ser restituido; aunque también podría estar refiriéndose al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011),que reconoce que “los niños y niñas son víctimas de la violencia doméstica, incluso como testigos de violencia dentro de la familia, y obliga a los Estados a tomar medidas legislativas u otras necesarias para que, en la oferta de servicios de protección y apoyo a las víctimas, se tengan en cuenta adecuadamente los derechos y necesidades de los niños testigos de todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación”; o simplemente a la Convención sobre los derechos del Niño entre cuyos principios rectores se encuentra el interés superior del niño.
      ¿Estamos seguros de saber quiénes son los que de verdad se saltan los convenios cuando quieren y sin ser considerados insumisos por ello?

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