Comunicado Alerta Anti-abortista Andalucía

Esta era una de las consignas que en la alerta feminista de finales del 2013 se gritaron en las calles de todo el estado por causa de la Contrarreforma de la Ley del Aborto, que anunció el PP a primeros de 2012, y que suponía un grave retroceso para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El estallido social que supuso culminó con la dimisión del ministro mejor valorado del gobierno de entonces, el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Parece que de este fracaso no aprendieron nada y desde el ejecutivo andaluz se pretende un nuevo intento de regreso al pasado, de nuevo los partidos del trío de Colón (PP, Ciudadanos Y Vox) atentan contra la libertad de las mujeres, tratándonos como menores de edad para decidir sobre nuestros cuerpos

Esta vez el gobierno andaluz, en una vuelta de tuerca más y en la dinámica de gobernar desde la ideología, la moral y la religión, anuncia una orden para subvencionar a entidades y asociaciones que apoyen y asesoren a mujeres ¨que deseen continuar con su embarazo¨. Esta medida viene de la misma Consejería, la de Salud y Familias, que recientemente nombró como coordinadora de la Estrategia para la Salud Sexual y Reproductiva a la directora del secretariado para los Cristianos Perseguidos en la diócesis de Córdoba, alto cargo del Obispado de la ciudad y abiertamente contraria al derecho al aborto. Una consejería cuyo máximo representante, el Consejero Jesús Aguirre, afirma cosas como que “lo fácil es llegar y el chupetón” para defender medidas como la que se propone. Por lo tanto, todo parece indicar que estas subvenciones se destinarán a entidades que sean correa de transmisión de un ideario rancio que vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. .

En Andalucía la tramitación de ayudas como la renta mínima de inserción, dependencia o pensiones no contributivas tienen una media de retraso de 18 meses, un alto número de los barrios y municipios más pobres de España se encuentran en nuestra tierra, estamos a la cabeza en cuanto a feminicidios.

Ayudar a las familias no es garantizar el período de gestación, es dar las condiciones para que se pueda desarrollar una crianza segura y digna, si así se decide. La mejor forma de garantizar la natalidad es la lucha contra la pobreza y la violencia.

Desde el movimiento feminista venimos mucho tiempo insistiendo en la necesidad de situar los cuidados en el centro, lo que implica necesariamente racionalizar horarios, reducir la jornada laboral sin recortar los salarios, promover un empleo de calidad con permisos más amplios y prestaciones económicas para la crianza, y garantizar unos servicios públicos que posibiliten la corresponsabilidad social en el cuidado de las niñas y niños; políticas que sin duda contribuirían de forma decisiva a que todas aquellas personas que libremente deseen tener hijas e hijos pudiesen hacerlo con garantías de futuro. Lejos de ello, las mujeres comprobamos cada día cómo la maternidad nos discrimina y nos envía al paro en un mercado laboral que es ajeno a los cuidados, mientras se afirma una y otra vez que la natalidad desciende peligrosamente en España por debajo de 1,3. Pues este índice de natalidad es el mejor indicador de cómo trata el mercado laboral a las mujeres. Paradójico e hipócrita a la vez.

Los mismos que recortan presupuesto en servicios públicos o que defienden una reforma laboral que precariza el empleo, dicen querer proteger a las mujeres que quieran ser madres. Sabemos que ese no es el objetivo de la medida que proponen, si no criminalizar la decisión de interrumpir la gestación y cuestionar nuestro derecho a hacerlo de forma libre, segura y gratuita.

Desde luego no cabe sorpresa alguna, es un gobierno escorado a la ultraderecha para poder gobernar, secuestrados por los que niegan la violencia de género, por los que se sitúan en los márgenes de la democracia, por los que a través del discurso del odio y envuelto en una falsa caridad cristiana gobiernan solo para unos pocos privilegiados y ahí no estamos las mujeres, ni la ciudadanía más desfavorecida.

Pero esta vez van más allá porque lo hacen con el dinero de todas, creando redes clientelares con el dinero público y saltándose a la torera las recomendaciones que en materia de derechos sexuales y reproductivos hacen organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud «Las políticas deben orientarse a respetar, proteger y cumplir los derechos de las mujeres para alcanzar resultados de salud positivos» y eso éste ejecutivo parece ignorarlo. Aunque el derecho a decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo se recoge en la ley, aún nos queda camino que recorrer para que se garantice de forma efectiva para todas las mujeres. Aunque el gobierno central ya ha anunciado su intención de cambiarlo, lo cierto es que aún hoy, las mujeres menores, con 16 y 17 años, necesitan el consentimiento paterno para poder abortar, lo que a menudo les obliga a recurrir a prácticas clandestinas e inseguras. Por otro lado, en la mayor parte de los casos, las IVE no se realizan en centros sanitarios públicos y se sigue derivando a las mujeres a clínicas privadas, lo que en Andalucía ocasiona importantes desigualdades entre provincias y en ocasiones, incluso obliga a las mujeres a tener que desplazarse a otra provincia para poder abortar. Además, aún hoy en muchas ocasiones las mujeres tienen que soportar la coacción y el hostigamiento de grupos ultras que se concentran en las puertas de las clínicas.

Desde el movimiento feminista seguiremos defendiendo nuestros derechos, no sólo para evitar que continuemos dando pasos hacia atrás, sino también para que el derecho al aborto libre, gratuito, seguro y en la red sanitaria pública sea plenamente garantizado para todas las mujeres.