Sonia Sánchez: “La prostitución no es un trabajo sino un campo de concentración donde se ejerce tortura física, psíquica y emocional”
Más de un centenar de mujeres y organizaciones feministas de diversos rincones de España han participado en la elaboración de una propuesta de Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, que va encaminada a desactivar la demanda y prohibir cualquier tipo de actividad económica que se base en la explotación sexual de mujeres y niñas. Basada en el modelo sueco, propone sancionar penalmente a proxenetas y a puteros.
Esta iniciativa nació en noviembre del año pasado impulsada por la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP) y a través de un proceso asambleario que sumó a organizaciones de todo el Estado, un año después se presentó ayer en un acto virtual.
El texto gira sobre tres ejes. El primero tiene que ver con la protección de la mujeres en situación de prostitución, a las que excluye de cualquier responsabilidad y les garantiza el mismo marco de protección, asistencia y acceso a la justicia que el que tienen las víctimas de violencia de género.
El segundo, está enfocado al desmantelamiento del proxenetismo, de la industria de la explotación sexual y de las actividades de los proxenetas.
El tercero consiste en una batería de medidas para desactivar la demanda de prostitución, sancionando penalmente a los puteros y a los proxenetas, ya actúen individual o colectivamente.
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La Plataforma por la Abolición de la Prostitución (PAP) presentó ayer por la tarde en Madrid un proyecto de Ley Orgánica para la Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP), cuyos objetivos principales son desmantelar todo el sistema que sostiene y alienta la explotación sexual de mujeres y niñas, y que esta violación flagrante de los derechos humanos sea considerada violencia machista.
La ley consta de 25 artículos y 13 disposiciones adicionales y tendría efecto en el conjunto del Estado. Se ha inspirado en la ley francesa aprobada hace dos años y en la ley sueca, entre otras. La portavoz de la plataforma, Rosario Carracedo, explicó que el texto se estructura en tres ejes: el primero, garantizar a las mujeres en prostitución la amplia gama de derechos de esta ley y de otras concurrentes con independencia de su origen geográfico; el segundo, desmantelar la industria de la explotación sexual y, el tercero, desincentivar la demanda, penalizar al putero.
El texto “supera el marco conceptual restrictivo” de la Ley de Violencia de Género al incorporar a ésta la prostitución, y modifica otras disposiciones vigentes para volver a penalizar el proxenetismo, algo que suprimió la reforma del Código Penal de 1995. Desde esa fecha, el Estado Español se ha convertido en “causa eficiente de que España sea uno de los principales lugares, no sólo del tránsito de mujeres y niñas destinadas a la explotación sexual, sino en uno de los prostíbulos de Europa”, señaló Carracedo.
La iniciativa de la PAP cuenta con el apoyo de 150 organizaciones feministas del Estado español y de una veintena de agrupaciones internacionales, así como de teóricas abolicionistas de distintas partes del mundo.
La ley daría también amparo a las mujeres que han ejercido la prostitución en el pasado pues “los derechos humanos no caducan”.
Su principal foco de atención es, no obstante, la asistencia a las mujeres en prostitución, a quienes quieren que el Estado restituya sus derechos violentados. La ley orgánica establece la necesidad de poner en marcha programas de inserción y orientación laboral, asistencia psicológica y educativa, y recursos económicos. Las coberturas se extenderían también a las mujeres que han sido prostituidas en el pasado, ya que “los derechos humanos no caducan”[…] Puedes leerlo completo en andra.eus.
Urge la abolición de la prostitución por cuanto contradice los derechos humanos y los principios en que se basa la democracia. Esta debe cumplirse.