Casi tres años después de que cinco bestias violaran a una joven en manada, hemos conocido la sentencia del Tribunal Supremo. El agravamiento de la condena y la consideración del delito como agresión y no como abuso han sido recibidos como un éxito por la mayoría de la gente y han conseguido liberarnos en parte de la tensión acumulada durante todo este tiempo.
Sin embargo, pasada la euforia del momento, reparamos en que este tribunal solo ha hecho lo que tenía que hacer. Incluso la ONU, tras la primera sentencia, había condenado a los tribunales españoles por
subestimar la gravedad de la violación y socavar la obligación de defender los derechos de las mujeres.
Su justicia, además, ha llegado tarde y, como sus señorías mismas han reconocido, es deficitaria, porque no fue un delito sino diez y porque ninguna mujer debería pasar el calvario de esos tres años de espera, ni ver a sus violadores disfrutando de una libertad inmerecida, ninguna víctima debería ser cuestionada por continuar con vida, ningún juez que dictase el aberrante voto particular de Ricardo González, debería permanecer ni un segundo en el ejercicio de la judicatura y sin recibir la oportuna sanción.
No olvidemos tampoco que este tribunal es el mismo que mantiene en prisión a los presos políticos catalanes, menospreciando en este caso los dictámenes de los grupos de trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos.
Hay una sentencia diferente, es cierto, pero sigue siendo la misma ley, el mismo sistema judicial, no han cambiado ni la presión de ciertos partidos, ni la manipulación de ciertos medios de masas.
Hay un veredicto más benévolo con la víctima en este caso, pero las mujeres seguimos estando en peligro, no solo por las agresiones machistas, sino sobre todo por la negación y el desprecio de unos gobiernos y unos partidos que, pusilánimes unos y reaccionarios y fascistas otros, jamás dan el paso decisivo para acabar con la violencia hacia las mujeres.
Prefieren eternizarse unos y crecer los otros, en medio de esta cultura machista que nos rodea y que se perpetúa especialmente dentro del poder judicial; una cultura que maneja a su antojo el concepto de violación y decide que solo lo es si hay violencia e intimidación, sin contar con las víctimas, dejando indefensas a esas mujeres (sin duda, en un número ingente) que son violadas en su entorno más cercano, donde no es necesario ni amenazar ni amedrentar.
Exigimos al poder judicial que no permita que se vuelva a menospreciar la integridad y la dignidad de las mujeres, que somos la mitad de la población.
Exigimos a este gobierno que cumpla con su obligación de defender los derechos de las mujeres y modifique inmediatamente el código penal de modo que ningún juez o jueza pueda ampararse en él para dictar sus injustas sentencias patriarcales.
Pedimos a toda la sociedad, presa de este sistema, que reaccione, que grite, que salga a la calle a luchar por una Justicia que de verdad se diseñe y se ejerza para proteger a las víctimas y no a los agresores, que esté al servicio de quienes la necesitan y no de quienes puedan pagarla.
Si es machista no es justicia!!
Si viene del poder y no del pueblo, tampoco!!
La Feministas en Lucha se salvan ellas y nos salvan a nosotros.
En Solidaridad